Analistas y expertos en telecomunicaciones advirtieron que los nuevos lineamientos sobre los derechos de las audiencias enfrentan riesgos de politización y falta de neutralidad, debido a que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) carece de la independencia, por lo que podría aplicar criterios políticos o ideológicos para resolver quejas, además de dar pie a campañas coordinadas con identidades falsas para presionar a medios críticos.
Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), afirmó que la preocupación central está en que una eventual decisión sobre una queja pueda recaer en un regulador con un posible sesgo político, lo que podría afectar tanto a comunicadores como a medios de comunicación.
“Antes teníamos un regulador técnico y no les gustaba que se obligara a los comunicadores, a los periodistas, a los productores, a distinguir entre sus opiniones y los hechos de la noticia, pero ahora el problema que tenemos es que el regulador ya no es técnico, ya no es independiente y ya no es autónomo”, explicó en entrevista.
Consideró que existe una percepción de que la nueva autoridad puede tener un sesgo político al aplicar las disposiciones relacionadas con los derechos de las audiencias.
“Se corre el riesgo de que haya una lectura política de todo esto, ideológica, de que Morena o la Cuarta Transformación pueda utilizar la regulación de los derechos de las audiencias como una forma de censurar”, agregó.
Para Gerardo Flores, miembro del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET), los lineamientos contemplan facultades que van más allá de lo previsto por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Uno de los puntos más delicados se encuentra en el artículo relacionado con el deber de diligencia de la información noticiosa, el cual obligaría a concesionarios y programadores como Televisa, TV Azteca, CNN, Fox, Multimedios, El Financiero Bloomberg TV, Grupo ACIR, Grupo Fórmula y MVS Radio a adoptar medidas para evitar la difusión de información falsa o descontextualizada.
A su juicio, esa obligación no fue establecida de manera específica por el Congreso y representa una interpretación más amplia por parte de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.
“La ley habla de preservar la pluralidad y la veracidad de la información como un objetivo general para toda la radiodifusión, no como una obligación específica para cada canal o cada programa. Sin embargo, la Comisión está redimensionando ese principio para exigir medidas concretas que la ley no establece, fácilmente esto ha sido interpretado como un riesgo importante de censura”, afirmó Flores.
Alertó que el mecanismo de presentación de quejas podría ser utilizado para promover campañas coordinadas contra determinados medios mediante identidades simuladas, lo que terminaría presionando a los defensores de las audiencias como al propio regulador.
“La función principal de la autoridad consiste en verificar que existan defensores de las audiencias, códigos de ética y mecanismos de atención, la CRT no tiene facultad para intervenir en los criterios editoriales de los concesionarios y eso se debe revisar muy bien para no dejarlo a la interpretación”, agregó el miembro del IDET.
Lineamientos de derechos de audiencias alcanzarían a la ‘mañanera’
Los expertos coincidieron en que los nuevos lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias podrían abrir la puerta a reclamaciones contra la conferencia matutina presidencial y otros contenidos difundidos por los medios públicos.
“Muchas veces desde la propia mañanera se ha difundido información falsa o inexacta. Si una audiencia presenta una queja, el defensor tendría que revisarla y, de ser procedente, pedir al Canal 11 o al Sistema Público de Radiodifusión que corrijan el contenido y eviten que vuelva a ocurrir”, expuso Gerardo Flores, quien consideró poco probable que la CRT solicite una corrección a la presidenta.
Jorge Bravo consideró que los medios públicos no deben quedar al margen del cumplimiento de los derechos de las audiencias.
“También las audiencias deben protegerse de los medios públicos. Los medios públicos transgreden todos los días los derechos de las audiencias”, afirmó Bravo.
Fuente: El Financiero