El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, acusó al Gobierno federal de utilizar los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias como un mecanismo de control sobre los medios de comunicación y advirtió que podrían representar un riesgo para la libertad de expresión en México.
Desde su oficina en el Senado, el legislador sostuvo que el anteproyecto abre la puerta para que las autoridades determinen qué información puede considerarse falsa o descontextualizada e, incluso, aplicar medidas precautorias contra concesionarios de radio y televisión.
“Estos lineamientos pueden convertirse en una herramienta de control mediático y de restricción a la libertad de expresión”, señaló Añorve.
El senador también expresó preocupación por la posibilidad de que se ordenen suspensiones precautorias de transmisiones, al considerar que ello podría generar un ambiente de presión y autocensura entre los medios de comunicación.
El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, acusó al gobierno de Morena de utilizar los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias como un mecanismo para controlar a los medios de comunicación y limitar la libertad de expresión.… pic.twitter.com/ZUJbczzU2I
— Azucena Uresti (@azucenau) July 29, 2026
¿Qué proponen los nuevos lineamientos?
Los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias fueron presentados el 28 de julio de 2026 por la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El documento, elaborado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) en cumplimiento de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, permanece en consulta pública del 27 de julio al 21 de agosto de 2026, periodo durante el cual ciudadanos, concesionarios, universidades y organizaciones civiles pueden presentar observaciones.
De acuerdo con la exposición oficial, el objetivo es fortalecer los derechos de las audiencias previstos en los artículos 6 y 7 de la Constitución, mediante reglas que garanticen información veraz, mecanismos de defensa para los usuarios y mayor transparencia en los contenidos informativos.
Entre las principales disposiciones destacan:
- La obligación de diferenciar claramente entre información noticiosa, opinión y publicidad.
- Evitar la difusión de información falsa, descontextualizada o de hechos históricos presentados como actuales.
- Garantizar el derecho de réplica cuando una persona resulte afectada por información falsa o inexacta.
- Implementar medidas de accesibilidad para personas con discapacidad.
- Contar con un Código de Ética y designar una Defensoría de las Audiencias independiente para atender quejas.
En caso de inconformidad con la resolución de la defensoría, los asuntos podrán ser revisados por la CRT, instancia que podrá emitir recomendaciones y, en los casos previstos por la legislación, imponer sanciones.
Debate entre protección de audiencias y libertad de expresión
Mientras el Gobierno federal sostiene que los lineamientos únicamente desarrollan derechos ya reconocidos por la Constitución y buscan combatir la desinformación con reglas claras, diversos sectores han manifestado reservas sobre el alcance del proyecto.
La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), legisladores de oposición y participantes en la consulta pública han advertido que algunos conceptos, como la definición de “información falsa o descontextualizada”, podrían dar lugar a interpretaciones discrecionales por parte de la autoridad y generar riesgos de autocensura.
Los críticos a la reforma acusan que sus lineamientos son ambiguos y generan discrecionalidad, especialmente al dejar en manos de autoridades la definición de qué es “información falsa o descontextualizada”.
Representan riesgo de sanciones excesivas (se menciona la posibilidad de multas equivalentes al 1 % de ingresos anuales por “faltas informativas”), cuando la ley solo contempla sanciones por no designar defensor o no emitir código de ética.
Además es posible detonante de autocensura y presión sobre medios críticos y existe preocupación por quejas anónimas, subordinación de las defensorías y asimetría (mayor rigor sobre medios privados que sobre medios estatales).
Por ahora, el anteproyecto no ha sido aprobado de manera definitiva, por lo que su contenido aún puede modificarse con base en las observaciones que se reciban durante el proceso de consulta pública.
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Fuente: Proyecto Puente